“Actualmente, los hombres son violentados por las mujeres y una parte de ellos también enfrentan violencia vicaria respecto de los hijos”: Judith Rivera, abogada.
Por: David Guillén Patiño
VITRALIA | Saltillo | marzo 23, 2026. – A causa de un feminismo que por intereses políticos ha sido llevado al extremo, el Poder Judicial de Coahuila llegó al punto de transgredir constantemente los derechos de la población masculina.
Solapadas por la propia autoridad, las mujeres que denuncian a sus esposos o parejas sentimentales por violencia familiar o vicaria suelen transgredir incluso el interés superior de la niñez, denunció la jurista Judith Alejandra Rivera González.
Habiendo trabajado para el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM), estimó que llegó el momento de que esta institución replantee sus lineamientos, protocolos y la misión para la cual fue creada, a fin de que deje de cometer excesos.
“Actualmente, la mujer es la que tiene el poder, o sea, si no consigue lo que quiere, una denuncia le permite darle hasta donde tope, y aquí el perjudicado es el señor, el imputado, el padre de familia”, refirió, en entrevista para VITRALIA.
“No niego que muchos casos —dijo— son auténticos hechos de violencia familiar, estos sí existen, pero no todos, lo cual me consta”.
Agregó que han existido denuncias en donde el verdadero violentado ha sido el imputado, no obstante, al imponérseles medidas de protección en favor de la interesada, “con toda la vergüenza del mundo” las han acatado.
La titular del Despacho Jurídico Rivera consideró que, en efecto, “el feminismo ha influido demasiado en la administración de justicia”, tanto como en política, pues en tiempos electorales el darles por su lado a las féminas significa ganar votos.
Al hablar sobre las razones por las cuales los varones casi nunca denuncian cuando son víctimas de violencia vicaria, explicó que se debe, por una parte, a que ello les causa vergüenza, frente “al qué dirán” y, por otra, porque piensan que no les van a hacer caso, en lo cual tienen razón.
“Hay muchas mujeres que no somos débiles, ni víctimas”, subrayó, y precisó: “Yo sí defiendo mucho a los hombres, la verdad. Soy mujer y soy abogada, pero yo sí los defiendo, considerando esas arbitrariedades”.
«Es un hecho que actualmente los hombres son violentados por las mujeres y una parte de ellos también enfrentan violencia vicaria respecto de los hijos», enfatizó la integrante del Foro Profesional de Abogados de Saltillo A. C.
Comentó que hay madres que se colocan en la posición de exigir cantidades de dinero a sus maridos, aunque estos hayan estado cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia, de lo contrario les niegan la convivencia con los niños o manipulan a estos, “y todo encaminado a los juicios familiares”.
Se pronunció por “una ley imparcial para todos y conforme a la Constitución” y, por ende, “que haya una igualdad ante la ley para todas las personas”.
Rivera González se sumó al sentir generalizado de que el interés superior de la niñez debe estar por encima de cualquier problema legal entre los progenitores.
“Estoy de acuerdo totalmente con ello porque aquí los más perjudicados son los niños, y ellos no tienen capacidad jurídica para accionar en contra de su padre o de su madre”, apuntó.
“Aquí el Estado tiene que velar por sus derechos, pues existen tratados, convenios y convenciones internacionales en favor de los menores”. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), obliga a su observancia.
“Lamentablemente, casi siempre se le da prioridad a la mujer, en su calidad de víctima, sobre sus propios hijos”, externó.
“He tenido asuntos donde los padres vienen y me manifiestan que quieren convivencia con sus hijos, darles pensión y asumir totalmente su responsabilidad con los menores, pero casi nunca les conceden la guardia y custodia, o se las retardan deliberadamente», comentó.
“En cambio, si una mujer —comparó— acude a presentar una demanda, pidiendo pensión y guardia y custodia, se los conceden en automático, con su sola palabra; esa es la imparcialidad que hay en los procesos familiares”.
Al ser cuestionada acerca del camino que debe seguir el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer (CJEM) para corregir el rumbo, señaló que ahí, “lamentablemente, todo es política”.
Lo único que queda por hacer es que los hombres imputados presenten grabaciones de audio y/o video que les permitan acreditar los hechos que denuncien, ya que “ni con testigos ni con ningún tipo de pruebas pueden sustentar que la mujer está haciendo una falsa declaración o denuncia”.
La experiencia indica que en el sistema de justicia de Coahuila “los testigos no son suficientes para el hombre, pero para la mujer sí. Con el hecho de que vaya la mujer y ponga la denuncia y lleve dos testigos, incluso falsos, es más que determinante”.
“Incluso en los delitos de abuso sexual y violación en muchos de los casos resultan acusaciones falsas, y aquí el dañado es el menor, principalmente”.
La abogada consideró que hacer que se respeten los derechos de los padres de familia es como nadar contra corriente, no obstante, “procuro trabajar —expresó— de manera objetiva e imparcial, con el propósito de que se demuestre solamente la verdad y se haga verdadera justicia.
“Soy abogada, también soy mujer, pero no soy feminista. A mí me gusta trabajar de manera objetiva, con pruebas o con datos de prueba o medios, incluso, en un juicio, establecer cuál es la verdad de los hechos y que se acrediten tal cual, como son”.
Consideró lamentable que, para vincular a proceso a un hombre por un delito de violencia familiar, basta un estándar mínimo, es decir, con lo que presente el Ministerio Público: una denuncia, un testigo y una opinión técnica de un psicólogo.
Por otra parte, la abogada dijo estar en contra de la postura asumida por el Tribunal Superior de Justicia en torno al proceso, inédito en Coahuila, que se sigue a una mujer por violencia vicaria.
“Yo estoy en contra de eso, pues ya se dictó un auto de vinculación a proceso, y no puede un juez venir a reclasificar un delito, es como retrotraer la ley”, argumentó.
Destacó que el artículo 252 fracción séptima del Código Penal no especifica que la violencia vicaria sea solo en favor de víctimas mujeres.
Además, “el único que puede aquí reclasificar el delito es el Ministerio Público o, en su caso, los jueces, pero ya en juicio oral, no en una etapa de vinculación a proceso”, recalcó.
